Alto Maipo descarta de manera categórica haber realizado acciones de ciberespionaje y reitera que no ha incurrido en ningún acto ilegal ni ha recopilado información reservada ni sensible de sus trabajadores o de personas ajenas al proyecto.

En febrero de 2020, luego de haber sufrido actos violentos en las instalaciones del proyecto y amenazas en contra de los trabajadores y la operación, se contrató un servicio búsqueda de información de carácter pública y de libre acceso en redes sociales con el objeto de prevenir nuevas acciones violentas.

El servicio tuvo una duración de 6 meses, período después del cual Alto Maipo le puso término ya que los antecedentes públicos recabados no fueron considerados como una amenaza a los trabajadores, la infraestructura ni la operación.

Alto Maipo cuenta con una Política de Derechos Humanos en que se ha establecido, entre otras cosas, que no se tolerará ninguna forma de amenaza, espionaje, acoso, violencia o acción de represalia contra cualquier individuo, grupo u organización.